América Latina adoptó profundos procesos de descentralización que se iniciaron en las décadas de los ochenta y noventa. Estos se dieron con mayor intensidad en los gastos que en los ingresos, dando como resultado desbalances fiscales verticales, que ocurren cuando se presenta un desequilibrio entre los ingresos y los gastos en diferentes niveles de gobierno. En América Latina esos desequilibrios en los gobiernos subnacionales son más elevados que en otras regiones del mundo, lo que se debe a dos causas principales: los mayores gastos descentralizados y la baja recaudación tributaria subnacional. Los desbalances entre los recaudos y los egresos subnacionales son cubiertos por las transferencias que realiza el gobierno central. Para ejecutar estos traslados se establecen ciertas reglas que varían de país a país, dependiendo, principalmente, de si tienen una organización unitaria o federal. Como consecuencia, en los últimos años se ha generado un amplio debate en la academia y la política pública que discute los pros y los contras de los distintos sistemas de transferencias. Colombia no es ajena a esta discusión. Desde la Constitución Nacional de 1991, el país profundizó la descentralización política, administrativa y fiscal. A lo largo de estos años el proceso se ha ido consolidando en medio de crisis y bonanzas fiscales del gobierno central, de los departamentos y de los municipios. Como resultado, las reglas de transferencias han sufrido dos reformas importantes en los últimos quince años. El esquema vigente tiene un régimen transitorio hasta 2017, año a partir del cual se comenzaría a aplicar lo consignado en la carta magna.
