Como la mayoría de los países de la región, a lo largo de varias décadas, Colombia desarrollo un complejo sistema de intervenciones estatales en el mercado laboral con el objetivo, en principio, de proteger los ingresos y empleos de los trabajadores, fortalecer su capacidad de negociación frente a los capitalistas y establecer un ambicioso sistema de seguridad social. La mayor parte de la legislación y las instituciones que dieron base a estas formas de intervención estatal en el mercado laboral fueron establecidas en los años cincuenta y sesenta y permanecieron prácticamente sin cambio hasta 1990. Un sentimiento general de insatisfacción con estas y otras prácticas intervencionistas llevó a la administración de César Gaviria (1990-94) a introducir sustanciales reformas a las más importantes áreas de la política económica y social. Se liberalizó el comercio internacional, se desregularon las operaciones cambiarias y la inversión extranjera y se introdujeron importantes modificaciones en el sistema financiero, incluyendo la separación del Banco de la República de la órbita del gobierno. Las reformas al régimen laboral fueron de un alcance menos ambicioso y algo mezclado, como se verá en este artículo. Esto fue en parte resultado del proceso de negociación de todo el paquete de reformas que se presentó al Congreso en 1990, algunos de cuyos componentes, como La reforma a la seguridad social, solo vinieron a ser aprobados en 1993. Pero la adopción de reformas más ambiciosas y completas también estuvo impedida por la falta de entendimiento público sobre los efectos económicos y sociales y de las diversas formas de intervención estatal que afectan el mercado de trabajo. Este artículo es una pequeña contribución para mejorar la comprensión pública del funcionamiento del mercado laboral y de las implicaciones de las reformas laborales introducidas desde 1990.
