Colombia concentra grandes esfuerzos fiscales a la persecución del delito de porte, fabricación y tráfico de estupefacientes. Estos costos no son siempre visibles, en tanto corresponden al costo de oportunidad de una gran cantidad de funcionarios que intervienen en el ciclo criminal. En este artículo estimamos el costo esperado por una captura motivada por este delito, y a partir de ello calculamos los costos anuales del esfuerzo fiscal. Discutimos si este gasto se justifica por la persecución al tráfico internacional de drogas ilícitas, al crimen asociado al micro-tráfico y mercados locales, o a un esfuerzo para disuadir consumidores. Concluimos que ninguna de estas motivaciones justifica este esfuerzo fiscal, y que más bien parece relacionarse con incompatibilidad de incentivos en la policía.
