A principios de la década del noventa Colombia introdujo una serie de reformas fiscales que al parecer estuvieron dirigidas a desconcentrar el gasto nacional y a mejorar la cobertura y eficiencia en la provisión de bienes públicos.1 En esencia, las reformas redefinieron las responsabilidades de gasto en todos los niveles de gobierno y modificaron el sistema de transferencias del nivel central hacia los gobiernos municipales y departamentales. Bajo el nuevo esquema, y especialmente a partir de 1995, se empieza a evidenciar un deterioro en las finanzas del gobierno nacional y de los gobiernos territoriales: mientras el déficit de los gobiernos territoriales pasó del 0.3% del PIB en 1990 al 0.6% del PIB en 1999, el del gobierno central pasó del 1.0% de PIB al 6.8% del PIB en el mismo período (ver Cuadro 1). Uno de los interrogantes que surge de este hecho es si el nuevo esquema institucional genera incentivos perversos que expliquen la situación fiscal del sector público. Diversos analistas han evaluado el deterioro reciente de las finanzas públicas al igual que las limitaciones y alcances del proceso de “descentralización” (Bird y Fiszbein, 1999; Dillinger y Webb, 1999; Fedesarrollo, 1999; Comisión de racionalización del gasto y de las finanzas públicas, 1997; Sánchez et al, 1997; Vargas y Sarmiento, 1997; Correa y Steiner, 1994). Sin embargo, la literatura se ha quedado corta en el análisis sobre los efectos e incentivos que el proceso de desconcentración del gasto y el nuevo sistema de transferencias han podido generar en la gestión fiscal de los diferentes niveles de gobierno. Este trabajo analiza el actual marco institucional y normativo, los incentivos fiscales que este genera, las interrelaciones fiscales que existen entre el gobierno central y los gobiernos territoriales y las consecuencias que éstas tienen,
