Este trabajo usa el cambio estructural en el número de incautaciones para medir el impacto de la política de seguridad democrática sobre el mercado laboral rural, entre 2002 y 2006. La nueva política tuvo efectos diferenciales por género, edad y tipo de ocupación. Produjo pérdidas socioeconómicas por la reducción simultánea de la oferta laboral y del ingreso de los adultos. En la participación laboral de los jóvenes y los niños tuvo un efecto diferenciado, por género. No parece haber tenido efectos significativos en la matrícula escolar.
