Tomando como punto de partida el enunciado filosófico del cual emerge la idea de autonomía universitaria, señalamos que su conquista está enmarcada en un proceso de larga duración, desde sus orígenes remotos, hasta la actualidad. En dicho proceso, el desenvolvimiento histórico de la universidad muestra las tensiones que han existido entre la autonomía de la comunidad universitaria y los poderes públicos que pugnan por controlarla. Entre dichas tensiones figura la política de subsidio a la demanda, en el marco del debilitamiento del Estado, y el avance de la mercantilización, tal como ha ocurrido en América Latina y en los Estados Unidos en las últimas décadas. Incorporamos la noción de bien público para ir más allá del dualismo simplista entre lo público y lo privado, dominante en la visión del Gobierno, en la que subyace la idea de que las universidades públicas son ineficientes, porque gozan de autonomía y no tienen disciplina de mercado. Nuestra hipótesis es que hay una relación directa entre el recorte sistemático de la autonomía y la caída de la calidad de la educación superior pública, legitimada en la composición política de los Consejos Superiores, en los que tienen primacía el gobierno y los sectores externos, convirtiendo a la autonomía universitaria en heteronomía. En esas condiciones el Estado mide y controla la calidad de la educación, pero no invierte en ella. Sugerimos que la clave para alcanzar una senda de desarrollo educativo superior no está tanto en las condiciones económicas y sociales de un país, ni en las reformas puntuales elegidas, sino en la permanencia en el tiempo de un conjunto de valores comunes que hagan de quienes realizan la actividad educativa (estudiantes, profesores, administradores, familias) los mejores evaluadores de su propio desempeño, en procesos en los que todos contribuyen a un propósito público que supera los intereses privados e individuales. Algo que sería imposible sin una autonomía plena.
