Este artículo formaliza a través de un mecanismo de principal-agente la política de seguridad democrática del gobierno de Uribe y muestra su relación con el incremento de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales. El modelo explica las fallas de la política de seguridad democrática al compararla con una política de seguridad con responsabilidad militar que tiene en cuenta explícitamente los incentivos de las unidades militares para evitar los llamados falsos positivos.
