No obstante, la heterogeneidad de los países que la componen, históricamente América Latina y el Caribe (LAC) se ha caracterizado por altos y persistentes niveles de pobreza, desigualdad y exclusión social. Para algunos analistas LAC es la región más desigual del mundo no solamente en términos de ingresos sino también en cuanto a acceso a oportunidades (Ferreira y Ravallion, 2008). A pesar de este pasado sombrío, es importante no perder de vista que en las últimas dos décadas se han logrado avances en la reducción de la pobreza y la desigualdad, gracias a la combinación de varios factores: (i) mediante gasto público se ha mejorado el acceso a la educación y la salud; (ii) la política macroeconómica ha generado mayor estabilidad, en cierta medida aislando a la región de las grandes fluctuaciones externas; (iii) se han puesto en marcha programas de transferencias monetarias condicionadas que han probado ser efectivos en reducir la pobreza en el corto plazo. En este contexto, y considerando la relación existente entre pobreza, desigualdad y crecimiento económico, resulta evidente la necesidad de adoptar políticas redistributivas que tengan un enfoque en la reducción de las brechas de oportunidades, sin perder de vista la necesidad de implementar políticas que consoliden el crecimiento, incluidas un manejo sano del gasto público y de la deuda para generar estabilidad macroeconómica. En la región la política fiscal no ha jugado un papel redistributivo eficaz, razón por la cual se hace necesario trabajar sobre el componente tributario, de manera de hacer al sistema impositivo más progresivo, mejorando el recaudo, eliminando impuestos distorsionantes y fortaleciendo las instituciones de recaudo para combatir la evasión tributaria. Además, es imperativo rediseñar, y preferiblemente eliminar, subsidios regresivos a favor de grupos de altos ingresos tales como las transferencias para educación terciaria y los regímenes pensionales especiales. Igualmente, resulta deseable fortalecer programas de transferencias condicionadas y otros que permiten cerrar las brechas de oportunidades. En cuanto a la política educativa, y a pesar de importantes avances como la universalización de la educación primaria, se hace necesario mejorar la calidad de la instrucción impartida y aumentar la cobertura y retención de alumnos en el ciclo de secundaria. Existe evidencia de que las personas que concluyen el ciclo secundario de formación se alejan de la línea de pobreza y son menos vulnerables. Resulta importante tener una política educativa integral, que se adapte a las necesidades del ciclo de vida. Valga decir, se deben hacer esfuerzos para aumentar programas de cuidado y enseñanza en la primera infancia y se debe proveer formación dirigida al trabajo para los jóvenes 1Documento elaborado por Roberto Steiner y Adriana Sabogal, Director Ejecutivo e Investigadora de Fedesarrollo, respectivamente.2en educación secundaria y terciaria de manera de facilitar su inserción en el mercado laboral. Los programas de asistencia social -- entre los que se encuentran programas de transferencias en especie, de trabajo de emergencia o temporal, la seguridad social subsidiada y las transferencias monetarias condicionadas -- han mostrado ser efectivos en reducir la pobreza y han permitido proteger a los más pobres frente a choques externos. Infortunadamente, en ocasiones se ha observado un crecimiento desmedido de estos programas, lo cual genera desbalances en su financiamiento e incentivos perversos para el empleo formal. En razón a ello, es importante mejorar el diseño de los mismos, haciendo énfasis en que deben ser temporales, con cláusulas claras de entrada y salida, de manera de no perpetuar la pobreza. Adicionalmente, se debe hacer uso de mecanismos de focalización para cubrir solamente a quienes son verdaderamente pobres y para evitar errores de exclusión. De igual forma, estos programas deben poner mayor énfasis en las estrategias de superación definitiva de la pobreza, empoderando a los individuos para que sean ellos mismos los que tomen acciones para superar la pobreza. De otro lado, una parte esencial de la estrategia de reducción de la pobreza debe ser la puesta en práctica de una política de manejo social del riesgo que cobije a los más vulnerables con estrategias de reducción, mitigación y superación de los choques negativos, a los que están más expuestos. En este contexto, se deben privilegiar la disminución y mitigación de riesgos, con ayuda de mecanismos de gestión del riesgo formales (basados en el mercado o en intervenciones del Estado) e informales (basados en acciones individuales, familiares y colectivas). Para lograr reducir y mitigar el riesgo, es imperativo mejorar el acceso de los pobres a los mercados de crédito y de seguros. En LAC la principal fuente de ingresos de los hogares proviene de la remuneración a su trabajo. En tal sentido, es indispensable generar trabajo de buena calidad y salvaguardarlo de choques externos con el fin de superar la pobreza y la desigualdad. En este frente se requiere de políticas que eliminen las trabas al comercio internacional, en particular los subsidios al sector agrícola en los países desarrollados. Por otro lado, se hace prioritario que las economías de la región, en particular las más grandes, mantengan posiciones fiscales sostenibles de manera de evitar spillovers negativos sobre los países más pequeños y vulnerables de la región.
