Dentro de las economías de mercado, una de las funciones primordiales del Estado consiste en recaudar impuestos para financiar políticas y programas en beneficio de los más pobres y vulnerables1. Dada la escasez de recursos que reina en los países en vía de desarrollo, es de vital importancia investigar quienes se están beneficiando del gasto público social, y en qué medida inciden este tipo de inversiones en la superación de fenómenos como la pobreza y la desigualdad. Esto, además de conducir a un uso más eficiente de los recursos, reorientar políticas y programas, y solucionar problemas de diseño o ejecución que entorpecen el propósito de focalizar estos recursos en los más necesitados, constituye una herramienta indispensable para obtener una medida real y precisa del esfuerzo que se requiere para erradicar la pobreza y la desigualdad de manera definitiva. En el mundo, se puede encontrar una extensa literatura sobre los beneficios del gasto público social, cuyos resultados apuntan a favorecer la intervención estatal. En Colombia, actualmente existen 4 investigaciones reconocidas sobre el tema, realizadas por Selowsky (1979), Vélez (1995), Sánchez y Núñez (1999) y Lasso (2004).
