La administración de justicia es una función pública que debe ser suministrada de manera eficiente y oportuna por el Estado. En Colombia su administración corresponde a la Rama Judicial, la cual está conformada por las jurisdicciones ordinarias, Contencioso-Administrativa, Constitucional, especiales de los pueblos indígenas de paz, y por la Fiscalía General de la Nación que también contribuyen a la prestación de servicio público, Para los fines del trabajo todas estas entidades serán agrupadas en un solo sector. Las distintas jurisdicciones dependen de la naturaleza de los conflictos que puedan suscitarse. Mientras que los litigios entre los particulares son resueltos por la Jurisdicción ordinaria, las controversias entre el estado y los particulares y entre las distintas entidades estatales son competencia de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. La Reforma Constitucional de 1991 introdujo cambios sustanciales en la organización de la Rama Judicial. En particular, creó la jurisdicción y las especiales y además el Consejo Superior de la Judicatura y la Fiscalía General de la Nación que es el órgano encargado de la investigación penal, antes desarrollada por la propia Rama a través de los jueces de instrucción criminal. Estas reformas dieron lugar a una expansión del gasto Estatal en Justicia y a una leve recuperación de los indicadores de rendimiento. Desde hace varias décadas, la administración de justicia en Colombia se ha caracterizado por la permanente congestión de los despachos judiciales, por el bajo rendimiento en el trámite de los procesos, por la mala distribución geográfica de los recursos y por una inadecuada planeación sectorial. Como resultado de esta situación, se ha generado un ambiente de impunidad y de poca credibilidad en el sistema. Las reformas a los códigos de procedimiento fueron el mecanismo de mayor utilización por parte de las autoridades para solucionar la crisis hasta principios de los noventa. En este trabajo se describe la evolución del gasto estatal en justicia y se analiza de manera general el comportamiento reciente de los indicadores de desempeño sectorial tomando en consideración las reformas institucionales de los últimos años y la mayor asignación de recursos por parte del Gobierno. Para el desarrollo del trabajo se tuvo en cuenta la información de gasto disponible en La Contraloría General de la República, las estadísticas e laboradas por el Consejo Nacional Penitenciario y carcelario INPEC. Así mismo, se revisó el inventario sobre el rendimiento de la Justicia elaborado por el Instituto SER de investigaciones en 1993. Es importante destacar que la producción de estadística sobre justicia presenta dificultades debido a la periodicidad con la cual se elaboran y a la falta de homogeneidad de las cifras. El trabajo está dividido en seis secciones incluyendo esta introducción. En la segunda se describe brevemente la organización del poder judicial a partir de la Reforma Constitucional de 1991. En la tercera se analiza la evolución del gasto sectorial a nivel agregado y por entidades. En la cuarta sección se describe la problemática del sector a través del comportamiento de una serie de indicadores de rendimiento. En la quinta se expone, de manera general, el nexo entre la situación penitenciaria y la administración de justicia en el país. Finalmente, se presentan algunas conclusiones.
