Los análisis del gasto público en Colombia tienden a concentrarse en aspectos coyunturales y suelen concluir que se debe reducir para garantizar el equilibrio macroeconómico. Este artículo parte del hecho de que la Constitución de 1991 adoptó un Estado de derecho que modernizaría la sociedad colombiana y garantizaría a toda la población el cumplimiento de los derechos económicos y sociales allí consagrados. Desde esa óptica examina los problemas de inequidad, los requerimientos de infraestructura para mejorar el crecimiento económico de largo plazo, y cumplir los Acuerdos de Paz firmados entre el gobierno y las FARC y los compromisos internacionales a que dieron lugar. En contra de los análisis convencionales de corto plazo, para lograr los propósitos mencionados se requiere un mayor gasto público, que se asigne y ejecute de una manera eficiente y equitativa que evite las prácticas corruptas.
